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Canarias

La mejora de las condiciones de los concursos de servicios de seguridad privada, eje de la acción de APROSER Canarias

La mejora en las condiciones de contratación pública de los servicios de seguridad privada constituye la principal línea de actuaciones de la Junta Directiva de APROSER Canarias desde su constitución.

El objetivo que se pretende es lograr que las administraciones públicas canarias, Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos contribuyan al desarrollo del sector de la seguridad privada en Canarias marcando las pautas de calidad de la vigilancia privada mediante la selección de las ofertas más competitivas y que aporten más garantías de calidad y eficiencia en la prestación del servicio.

Un hito en este propósito de APROSER Canarias ha sido la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias que insta al Gobierno de Canarias a confeccionar “una guía que sirva de orientación para la contratación de la seguridad privada en todas las administraciones públicas canarias y particularmente en el ámbito de la Administración autonómica, a fin de evitar el intrusismo, la competencia desleal y cualquier práctica contraria a deontología profesional”.

Incentivados por esta declaración del Parlamento de Canarias, APROSER Canarias ha elaborado una propuesta de pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad mediante concurso, siguiendo el modelo aprobado por el Gobierno de Canarias, a la que se incorporaron las especialidades aplicables a la contratación de servicios de vigilancia y seguridad.

APROSER Canarias acompaña este pliego tipo con unas recomendaciones para evitar la presentación de ofertas temerarias y la competencia desleal, garantizar la calidad y la eficacia en el servicio, los principios de igualdad y concurrencia y la transparencia en las contrataciones de servicios de vigilancia y seguridad privada. Entre otras, estas recomendaciones plantean un sistema de determinación del precio distinto de la simple mención al presupuesto de licitación, un presupuesto de licitación ajustado a los precios de mercado y a los costes reales del servicio, un plazo de duración del contrato cierto rechazando fórmulas imprecisas y criterios de adjudicación no económicos claros y precisos en los que el precio no se introduzca ni aún de forma indirecta, con el fin de que permitan seleccionar e incentivar la mejor calidad y la mayor eficacia.

La Junta Directiva de APROSER Canarias ha entregado su propuesta de pliego tipo para la contratación de los servicios de seguridad privada y sus recomendaciones a la Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y a la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y ha solicitado al titular de Presidencia, José Miguel Ruano León, que promueva la elaboración de una guía de orientación para la contratación pública de los servicios de seguridad privada dando cumplimiento a la Proposición no de Ley del Parlamento de Canarias.

El pliego tipo y las recomendaciones de APROSER Canarias se han convertido además en instrumento para las empresas asociadas en la gestión de concursos, ya que aportan argumentos para una mejor selección de la oferta más ventajosa para las administraciones y evidencian las deficiencias y falta de transparencia en los pliegos.

La aportación constructiva del pliego tipo y las recomendaciones para la mejora de los concursos públicos de APROSER Canarias se ha combinado con una defensa de los intereses del sector de la seguridad privada cuando la defectuosa tramitación de los concursos ha ido más allá de las normas de contratación pública, mediante la presentación de recursos por parte de la Asociación y la denuncia ante la opinión pública en aquellos casos en que la actuación de los órganos de contratación ha sido anómala.

La determinación de APROSER Canarias de impugnar aquellos concursos manifiestamente defectuosos y su impugnación ha permitido avances en la redacción de los pliegos. Primero se logró mediante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y sumándose al malestar de otros sectores económicos, que se modificara un decreto autonómico que daba una ventaja de 15 puntos en todos los concursos a las empresas que acreditaran que tenían en sus plantillas un 2% por ciento de minusválidos, y en los últimos tiempos se ha atemperado el límite de las ofertas de bolsas de horas en los concursos, aspecto reiteradamente denunciado por APROSER Canarias ya que no constituye un criterio de adjudicación directamente vinculado al objeto concreto de contratación ni permite seleccionar la oferta económicamente más ventajosa. APROSER Canarias ha advertido que el número de horas que el órgano de contratación estima necesarias para realizar el servicio debe plasmarse en los pliegos al definir el objeto de la contratación, y considera que la realización por el contratista de horas “gratuitas” supone una alteración grave del precio del contrato y constituye un decremento más o menos encubierto, efectivo y arbitrario del precio de licitación.

Proposición no de Ley del Parlamento de Canarias sobre la contratación de la seguridad privada por las administraciones públicas.

Jornada de presentación de APROSER Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Noviembre de 2006.

El sector de la seguridad privada en Canarias es muy pujante, ofrece grandes perspectivas de desarrollo y puede ser un referente de calidad si las administraciones públicas canarias hacen un esfuerzo para remover los obstáculos que impiden en la actualidad fijar unas pautas claras en la contratación pública de los servicios.

Estas circunstancias se pusieron de manifiesto el pasado 30 de noviembre en la Jornada organizada por APROSER Canarias para presentar la Asociación en Santa Cruz de Tenerife con el lema “La Contratación Pública en Seguridad Privada, factor de calidad y eficiencia en el desarrollo del sector”, que fue inaugurada por el delegado del Gobierno en Canarias, José Segura Clavell, y por el vicepresidente de APROSER, Carlos Bañuelos Fernández.

El acto consistió en una mesa redonda en la que participaron las diputadas de Coalición Canaria y del Partido Popular, Flora Marrero y Nirva Macías, un representante de los sindicatos de seguridad privada de Canarias, José Juan Socorro Brito, y el vicepresidente de APROSER Canarias, Sixto Expósito Montesinos. Actuó de moderador el secretario general de APROSER, Eduardo Cobas Urcelay. El director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, José Andrés García de las Casas, y el presidente de APROSER Canarias, Carlos Mendoza Rosales, clausuraron el acto.

Ante una selecta audiencia, en la que figuraban, entre otros, el jefe superior de Policía de Canarias, Narciso Oliva Ortega, miembros del Consejo Consultivo de Canarias, el diputado del Común de Canarias, Manuel Alcaide Alonso, autoridades de la Administración autonómica, clientes y representantes de los sindicatos de la seguridad privada, la Jornada dejó una impresión sorprendente en la sala, al constatarse que ni los parlamentarios, ni las autoridades habían calibrado la proporción de irregularidades que ocurren en los pliegos de contratación pública de los servicios de seguridad privada en el archipiélago.

El delegado del Gobierno destacó la oportunidad del debate pues explicó que buena parte de los servicios de seguridad privada que se prestan a los distintos departamentos del Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos se reflejan en las inspecciones del Grupo Operativo de Seguridad Privada, y “consta que proceden de un planteamiento de la contratación pública que debe ser mejorado”, advirtió.

El vicepresidente de APROSER, tras referirse a la necesidad de desbloquear las trabas que impiden la habilitación de nuevos vigilantes, dijo que “nuestro principal problema surge cuando aquellas empresas que cumplimos escrupulosamente nuestras obligaciones legales y convencionales nos vemos sometidas a la competencia desleal de quienes resultan adjudicatarios de ciertos contratos sobre la base de las consideraciones de precio amparadas en un incumplimiento sistemático de obligaciones, tanto de las contenidas en la legislación de seguridad privada como de las obligaciones tributarias o de cotización a la seguridad social. Esta situación –precisó- es especialmente grave cuando son las Administraciones Públicas las contratistas de servicios de seguridad”.

Sixto Expósito, vicepresidente de APROSER Canarias indicó que el auge del sector ha supuesto la aparición de numerosos problemas, entre los que destacan el intrusismo y el incumplimiento de hecho de la legislación de seguridad privada, y esta situación se ha constatado si cabe con mayor incidencia en la Comunidad Autónoma de Canarias. “Existe un número significativo de empresas que eluden las previsiones legales y prestan servicios sin vigilantes homologados según consta en las actas de inspección de la Jefatura Superior de Policía de Canarias”, dijo.

A estos problemas sumó la necesidad de una más eficiente gestión de la contratación pública y un reforzamiento de los controles que verifiquen el cumplimiento de Ley de Seguridad Privada. El vicepresidente de APROSER insistió en que el Gobierno de Canarias puede y debe marcar límites sobre lo que pueden ser unas buenas pautas de contratación, que favorezcan la calidad del servicio de seguridad privada, el cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada y del Convenio Colectivo del sector, y que contribuyan a dignificar la figura del vigilante de seguridad. En este sentido, entre otras cuestiones, destacó que es preciso considerar como un elemento básico de los pliegos de contratación una determinación clara del precio, tomándose como referencia los límites establecidos en el artículo 74 del Convenio Colectivo como garantía de la adecuada remuneración de los trabajadores.

El vicepresidente de APROSER llamó la atención de las parlamentarias aportando datos sobre recientes adjudicaciones de contratos públicos en los que se han llegado a ofertar y adjudicar contratos de vigilancia y seguridad con “bolsas” de más de 20.000 horas gratuitas (concurso de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias 2006); de 10.000 horas gratuitas (concurso Economía y Hacienda); y el que consideró más reciente y asombroso: el adjudicado para “dotar de servicios de seguridad a diversos edificios de uso administrativo en Santa Cruz de Tenerife y residencias oficiales del Presidente del Gobierno”, con 37.000 horas gratuitas.

No obstante, señaló que en otras comunidades autónomas, como en Cataluña, se están marcando pautas de trabajo muy interesantes, porque aportan instrumentos con el fin de obtener el mejor servicio de seguridad privada y, al tiempo, establecen unas exigencias mínimas para supervisar a las empresas durante todo el tiempo del contrato.

Nirva Macías, PP

La diputada del Partido Popular en el Parlamento de Canarias manifestó que la sentencia del Tribunal de la Comunidad Europea determinará una nueva legislación que ha de recoger los cambios que se han producido en el concepto de la seguridad privada en los últimos catorce años y consideró que ésta debe orientarse al interés de los ciudadanos. Afirmó además que se deben abordar en la futura reforma de la ley los desvíos de la actual con el fin de corregir el intrusismo y la competencia desleal sin caer en un exceso de reglamentación.

Flora Marrero, Coalición Canaria

En su intervención, la diputada nacionalista recordó que en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias se piden las competencias de inspección y sanción en materia de seguridad privada. Tras ofrecer un amplio panorama de los problemas del sector, la diputada se mostró sorprendida ante los datos expuestos por Sixto Expósito sobre las desviaciones e irregularidades en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos en Canarias. Igualmente, manifestó su asombro ante la exposición de Juan José Socorro Brito en nombre de los sindicatos, quien le aportó más informaciones y acontecimientos con el fin de pudiera hacer una lectura más completa respecto a las consideraciones que había hecho. A este respecto, anunció que como parlamentaria, en su tarea de control de la gestión del Gobierno, plantearía al director general de Seguridad y Emergencias y al consejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias una supervisión directa de los acuerdos de las mesas de contratación.



Presentación de APROSER en Las Palmas

APROSER se presentó en Canarias en un acto institucional que reunió en Las Palmas de Gran Canaria a las primeras autoridades de la Administración del Estado, autonómicas, a los máximos responsables de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, y a un centenar de representantes de la economía, la sociedad, el sector profesional y de los más importantes clientes de seguridad privada de la región.

El acto fue un éxito por la significación institucional de los ponentes, así como por la asistencia y por la claridad de sus exposiciones, pues no hubo rodeos: el presidente de APROSER, Alfonso Tomás Herrero, reivindicó directamente la posibilidad de habilitar a ciudadanos extracomunitarios, denunció el intrusismo, la competencia desleal y el incumplimiento sistemático de la legislación de seguridad privada, social y tributaria, manifestando especialmente su preocupación en los casos en que la Administración actúa como contratista. 

La subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Carolina Darias San Sebastián, acompañada por el presidente de APROSER, Alfonso Tomás Herrero, y por el presidente de APROSER Canarias, Carlos Mendoza Rosales, declaró oficialmente inaugurada la jornada institucional convocada con el lema “Por la calidad en la seguridad privada”.



El acto se desarrolló con breves ponencias del secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO en Canarias, Juan Agustín Díaz Rodríguez, quien trató sobre “La dignificación profesional de la Seguridad Privada”; del comisario jefe de la Brigada de Personal de la Unidad Central de Seguridad Privada, José Luis Prudencio Martín de Eugenio, “Examen de la Seguridad Privada en España”; del presidente de APROSER Canarias, Carlos Mendoza Rosales, “Por la Seguridad Privada basada en la calidad y la competitividad”; del director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, José Andrés García de Las Casas, “Seguridad Privada y nuevas competencias autonómicas” y del Jefe Superior de Policía de Canarias, Narciso Ortega Oliva, “Seguridad pública y privada, ámbitos de colaboración”.

El Jefe Superior de Policía de Canarias clausuró la jornada tras un coloquio muy vivo en el que los asistentes apreciaron cómo uno de los principales invitados, Lorenzo Olarte Cullen, ex presidente del Gobierno de Canarias y ex portavoz en el Congreso, ponía el dedo en la llaga al preguntarse cómo era posible que “la flor y nata” de las empresas de seguridad privada del país sólo lograran en Gran Canaria el 20 por ciento de la adjudicación de los contratos públicos, ampliando la brecha de una polémica abierta previamente por el presidente de APROSER Canarias, Carlos Mendoza, quien en su ponencia pidió al Gobierno de Canarias un comportamiento ejemplar que favorezca la calidad en la prestación de los servicios de seguridad privada en el Archipiélago.

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Catalunya

Jornada de presentación de APROSER Catalunya en la sede de Fomento del Trabajo en Barcelona. 29 de marzo de 2007.

Un centenar de asistentes, entre directores de empresas, políticos de la Generalitat y de la Administración Central, responsables del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil y medios de comunicación, se reunieron el pasado 29 de marzo, en un acto en Barcelona, para presentar APROSER Catalunya.

Fue inaugurado por Carlos Bañuelos, Vicepresidente de APROSER y clausurado por el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Ragel. Se celebró en la sede de Fomento del Trabajo y, así mismo, estuvieron presentes el presidente de la patronal de la seguridad privada en esta comunidad, Javier Mirallas; el secretario general de APROSER, Eduardo Cobas; el secretario de Seguridad Pública de la Generalitat, Joan Delort; la responsable de Servicios de Seguridad Privada de Interior, Maria Elena Quintana; el vicepresidente de Fomento, Eusebi Cima y el presidente de la Asociación de Directivos de Seguridad Privada, Lluís Jiménez.

Carlos Bañuelos señalaba al comienzo de su intervención que “presentamos formalmente en este acto a Aproser Catalunya, una iniciativa reciente en el tiempo pero que sin duda recoge el espíritu de lo que ha significado APROSER, estos últimos 30 años, a nivel estatal”. Asimismo, destacó que la Asociación en Cataluña representa cerca del 80% de los servicios de seguridad que se prestan en esta comunidad. “Representa a unas empresas que están en constante afán por obtener y dar un mejor servicio a la sociedad”. “En Aproser Catalunya conviven desde empresas con sede social en Barcelona a multinacionales del sector, empresas multiservicios, empresas españolas con vocación internacional y empresas españolas con dimensión estrictamente nacional. Sin embargo nos caracteriza y nos une nuestra profesionalidad porque nuestra actividad lo exige, porque un sector serio y de futuro, lo impone”, apuntó Carlos Bañuelos.

Los representantes de APROSER aprovecharon el acto para exponer la situación actual del sector de la seguridad privada en España y en Cataluña. Pusieron de manifiesto las principales necesidades y reivindicaciones de un sector en continuo crecimiento. Entre ellas, destacaron la falta de mano de obra, los excesivos trámites burocráticos para obtener la habilitación como vigilante y la necesidad de llevar a cabo una reforma legislativa que permita, entre otras cuestiones, que los inmigrantes extracomunitarios puedan trabajar como vigilantes de seguridad.

En este contexto, según los datos de la Asociación, sólo en Cataluña el sector necesita cubrir más de 3.000 puestos de trabajo y en el conjunto del Estado español la cifra asciende a 20.000 vacantes. Por estas cuestiones, a lo largo del acto, los representantes del sector demandaron a los poderes públicos los cambios legislativos necesarios para que los inmigrantes no comunitarios puedan ejercer labores de vigilancia, tal y como sucede en otras áreas en las que sí pueden trabajar como es el caso del Ejército.

La Ley de Seguridad Privada que está actualmente en vigencia en España se aprobó hace 15 años. En todo este tiempo la sociedad ha cambiado considerablemente lo cual ha repercutido en la evolución del sector de la seguridad privada que se ha ido adaptando a los cambios y a las nuevas demandas. Por ello APROSER demanda una reforma en la ley para adaptarla a los nuevos tiempos y necesidades del sector.

En este sentido, uno de los aspectos más importantes es que la Ley de Seguridad Privada limita el acceso a la profesión de vigilante de seguridad a los ciudadanos de nacionalidad española, o procedentes de algún país miembro de la Unión Europea. Por este motivo, los inmigrantes de origen extracomunitario quedan excluidos, algo que ocurre sólo en España, puesto que es el único país del ámbito comunitario que mantiene esta situación. Al respecto, Eduardo Cobas planteó la siguiente cuestión: ¿cómo es posible que un suramericano pueda ingresar en el Ejército, pero no pueda trabajar como vigilante?”.

En la misma línea se expresó Javier Mirallas, presidente de APROSER Catalunya: “¿No dice el consejero de Interior, Joan Saura, que los Mossos han de incorporar a inmigrantes para que sean representativos de la sociedad?

En Cataluña trabajan cerca de 13.000 vigilantes de seguridad. La cifra es “escasa”, provoca que “no se puedan prestar todos los servicios demandados” y obliga a las empresas a “recurrir a personal auxiliar”.

Además, los excesivos trámites burocráticos contribuyen, según la asociación, a perpetuar la escasez de mano de obra. La ley fija para el personal de seguridad una formación reglada de 180 horas en centros oficiales, así como la necesidad de superar un examen del Ministerio del Interior. Mirallas se refirió también a la vocación de servicio que encierra el sector de la seguridad privada con la sociedad resaltando que “APROSER Catalunya se encuentra totalmente comprometida en la calidad de nuestros servicios; el desarrollo de un sector de la seguridad privada serio, profesional, adaptado a una demanda cada vez más especializada, orientado a las necesidades específicas de nuestros clientes, exige una vocación permanente de servicio. Apostar por ello exige dotar a nuestras organizaciones de unas estructuras amplias, configuradas de los necesarios recursos técnicos y humanos”.

En la clausura de la jornada, el vicepresidente de Fomento, Eusebi Cima, aprovechó la ocasión para pedir a la Administración “sensibilidad” ante el déficit de personal. Cima recordó el peso económico de Aproser: 3.000 millones de facturación, más de 100.000 empleados, y 80% del volumen de negocio del sector. Junto a él estuvo sentado el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, que afirmó que “somos receptivos, y todas las propuestas para actualizar las normas son bien recibidas”.



En lo que hubo coincidencia plena fue en la necesidad de aumentar la cooperación entre las empresas de seguridad privada y los cuerpos policiales que operan en Cataluña. “Ese es el gran reto”, señaló el secretario de Seguridad Pública de la Generalitat, Joan Delort, quien además anunció la creación de un órgano específico, en el seno del Departamento de Interior, para abordar la relación con los operadores privados de seguridad.

En este sentido, la responsable de Servicios de Seguridad Privada de Interior, Maria Elena Quintana, subrayó que el nuevo Estatuto supone un “salto cualitativo”, porque permite a la Generalitat “inspeccionar y sancionar las actividades de las empresas”, así como “autorizar los centros de formación”, todo ello encaminado a prestar un servicio, de mayor calidad, a la sociedad.

APROSER y ADSI celebraron el pasado 7 de junio en Barcelona las I Jornades ADSI-APROSER Criminalitat i Seguretat: la coordinació policial davant el repte de la seguretat.

En esta Jornada, celebrada en la Universidad Internacional de Catalunya, los representantes de Aproser Catalunya, Javier Mirallas, Xavier Martorell y Vicente Gómez, participaron en la Mesa Redonda sobre funciones y límites de la seguridad privada: retos y carencias del modelo actual. Puede consultarse el programa de esta Jornada.

Jornadas ADSI-Aproser sobre la seguridad en el transporte de viajeros.

El jueves 25 de junio ha tenido lugar en Barcelona la jornada sobre la seguridad en el transporte de viajeros organizada conjuntamente por ADSI y APROSER. La jornada se ha celebrado en la sede de Fomento del Trabajo Nacional. Puede accederse al programa de este acto.

En esta jornada se han dado a conocer las diversas normativas reguladoras y la casuística; que en relación a la normativa de seguridad, los riesgos existentes y la gestión de los mismos por parte de los responsables de seguridad encargados de paliarlos, se presenta en cada uno de los medios de transporte de viajeros.

Asuntos como la seguridad en el transporte aéreo y las medidas adoptadas de control de seguridad de los pasajeros, las dudas sobre las causas de algunos recientes y trágicos accidentes aéreos; la dificultad operativa y logística llevada a cabo en el ferrocarril y el metro, y las diferencias que se establecen entre el control de equipaje y las pertenencias de los pasajeros, han sido abordados en este encuentro.

El Presidente de Aproser ha destacado la importancia del segmento de infraestructuras en la facturación de las empresas de seguridad privada, las razones de este crecimiento y la necesidad específica de afrontar procesos de reforma legislativa en este ámbito.

Las empresas de APROSER en Cataluña se han constituido formalmente como representación de APROSER en julio de 2.005.

Desde esta fecha han realizado una importante labor de contacto con las autoridades públicas catalanas (Delegado del Gobierno, Consejera de Interior de la Generalitat y responsables de la seguridad privada en Cataluña) así como los usuarios y agentes sociales en Cataluña, siempre con el propósito de defender la profesionalidad del sector y luchar decididamente contra las prácticas de competencia desleal.

APROSER Catalunya es miembro de la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional: www.foment.com

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Presentación de APROSER Aragón: “Seguridad Privada en Aragón: un sector profesional al servicio de los ciudadanos”.

Más de un centenar de personas se dieron cita el pasado 15 de noviembre en Zaragoza para celebrar la presentación de APROSER Aragón. En un acto que se desarrolló bajo el lema "Seguridad Privada en Aragón: un sector profesional al servicio de los ciudadanos", profesionales del sector, representantes de la Guardia Civil, la Policía, y de las administraciones públicas, así como del sector empresarial presenciaron la puesta en marcha de la patronal en la capital maña.

A lo largo del acto se desarrolló una Mesa Redonda que giró en torno al tema central de la presentación. En ella intervinieron, el presidente de APROSER, Alfonso Tomás; el delegado de APROSER Aragón, Emilio Lorente; el director de Seguridad de la EXPO Zaragoza 2008, Juan Vizcaíno; el Comisario Jefe de la Policía de Zaragoza; José Luis Lázaro; el director de Prevención y Seguridad de SAICA, Francesc Casanovas; el comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía, José Luis Prudencio y Antonio Rodríguez, de la 8ª Zona de la Guardia Civil.

A esta multitudinaria y selecta audiencia, el presidente de APROSER, Alfonso Tomás, daba la bienvenida destacando la puesta en marcha de la nueva delegación “APROSER Aragón surge por la importancia del sector de la seguridad privada en esta Comunidad Autónoma. Una región que ha experimentado un importantísimo crecimiento económico en los últimos años y que será un punto de referencia el próximo año con motivo de la celebración de Expoagua 2008”.

El Presidente de APROSER, subrayó que uno de los principales objetivos de esta nueva delegación, es atender a la especial problemática de la seguridad privada en Aragón y mantener una relación más cercana y directa con las autoridades públicas, medios de comunicación y agentes del sector de la Comunidad Aragonesa. Una iniciativa que agrupa a empresas que representan más del 80% de los servicios de seguridad que se prestan en la actualidad en Aragón.

En cuanto a la problemática que más afecta al sector, el Presidente indicó “Es preciso que todos los agentes del sector, no sólo trabajadores y empresarios, sino usuarios, administraciones públicas y contratistas de servicios de seguridad, asumamos el reto de la lucha contra el intrusismo en el sector. Un intrusismo realizado por aquellas empresas que no tienen la habilitación para la prestación de servicios de seguridad, y por empresas de seguridad que realizan ofertas económicamente atractivas a costa de no respetar ni las obligaciones derivadas del Convenio Colectivo ni las obligaciones tributarias o de seguridad social”.

En este sentido el delegado de APROSER en Aragón, Emilio Lorente, lanzó el primer mensaje que se transmite con claridad desde su Asociación en el lema que abandera su lucha: “Estamos resueltos a una lucha decidida contra el intrusismo. Y para ello necesitamos la ayuda de todos”.

Una lucha que según explicó, comporta diferentes frentes como la erradicación de aquellas empresas que realizan servicios de vigilancia sin estar habilitadas para ello; la exigencia del adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias de seguridad social del Convenio Colectivo del sector, y el seguimiento por parte de los órganos de inspección competentes.

En el transcurso de su intervención, el Delegado de APROSER en Aragón dejó claro su decidido apoyo y trabajo coordinado con la seguridad pública, ya que es un sector que puede prestar una importante función complementaria y subordinada respecto de la seguridad pública. En este sentido, agregó, “con toda claridad, la completa disposición de nuestras empresas para abordar mejoras concretas en los mecanismos de cooperación con las autoridades públicas, que redunden en el beneficio final de los ciudadanos aragoneses”.

Emilio Lorente, hizo además un análisis de los diferentes retos para mejorar un sector que presenta grandes oportunidades, pero también algunas amenazas derivadas del envejecimiento de la población que conduce a una inadecuada estructuración y difícil renovación en algunos ámbitos, tales como: servicios de Vigilancia; de instalación; de Transporte de Fondos y las actividades de Recepción y Gestión de Alarma s.

“En Aragón, la seguridad, además de una legítima demanda de la sociedad, representa una actividad estratégica al garantizar un entorno pacífico en todas las áreas de actuación que abarca desde Organismos Oficiales, Fábricas, Centros Comerciales y muchos otros usuarios, que constituyen el núcleo de la actividad en nuestra Comunidad Autónoma”, concluyó el Delegado.

Evolución del sector

Según datos del último Informe Económico sobre el sector de la Seguridad Privada elaborado por APROSER, se desprende que en Aragón este sector facturó 87 millones de euros en el año 2006, cuenta con un total de 25 empresas y tiene 2.125 vigilantes de seguridad habilitados.

El sector de la seguridad privada en España ha evolucionado de una forma constante durante los últimos años y continúa en una línea de expansión moderada. En la actualidad es un sector serio, con un importante nivel de madurez y de profesionalidad.

Se trata también de un sector claramente cíclico puesto que las cifras de crecimiento han estado siempre directamente relacionadas con los niveles de crecimiento de la economía de nuestro país. Asimismo, la demanda de seguridad privada ha ido evolucionando como consecuencia de la aparición de nuevas necesidades vinculadas a la modificación de los comportamientos de los ciudadanos.

Al respecto, el Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía, José Luís Prudencio, dijo que la seguridad hoy en día es un factor fundamental para la convivencia, determinante para la economía y decisivo en el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos, lo que hace que sea una actividad que no se ejerza en régimen de monopolio, sino con la participación de empresas y personal de instancias privadas; siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos previos.

El Comisario agregó que “la seguridad es un derecho de todos los ciudadanos, es un deber del estado y es un servicio público, va a recibir bien, cualquier esfuerzo que le ayude a mejorar las exigencias sociales y va a ayudar a mejorar la seguridad subjetiva y objetiva de todos”.

Operando de una manera conjunta, bien coordinada y sobretodo con una comunicación fluida y bidireccional entre la seguridad privada y la seguridad pública, se hace frente a una sociedad contemporánea donde se abren nuevas formas de delincuencia, nuevas amenazas y riesgos, enfatizó el Comisario.

Durante las diferentes intervenciones, se deduce además que el sector presenta, año tras año, una importante falta de mano de obra. A pesar de los enormes esfuerzos realizados por consolidar la prestación de servicios de calidad, difícilmente pueden ser plenos cuando las empresas carecen de su principal activo que son los profesionales de la seguridad. La falta de los 20.000 profesionales que necesita el sector, a nivel nacional, se debe, en buena medida a los requisitos burocráticos del sistema de habilitación, que son demasiado estrictos.

Así lo corroboró Juan José Rubio, Subdelegado del Gobierno de Aragón, ya que siguen encontrando problemas en la contratación de personal, a pesar de que siempre han apostado por una formación sólida, y afirma que todas las empresas se han esforzado considerablemente en la profesionalización para brindar un servicio de calidad, ofreciendo confianza y bienestar al ciudadano.

La presentación se cerró con un acto de clausura. El presidente de APROSER y el delegado en Aragón acompañaron en la mesa al presidente de la Confederación de Empresarios de Zaragoza, Javier Ferrer; al Comisario de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial de la Jefatura Superior de Policía, Pedro Garijo; y al Subdelegado del Gobierno en Aragón, Juan José Rubio.

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Presentación de Aproser Andalucía.

La Asociación actúa bajo la presidencia de Miguel Sánchez y la Vicepresidencia de Ramón Sanjuan, quien asume la representación en Andalucía Oriental. Julián León asume la posición de secretario general.

La sede de la Asociación ha quedado establecida en la siguiente dirección:

Centro de Negocios Galia Puerto
Carretera de la Esclusa, 11. Edificio Galia Puerto. 41011 Sevilla. España
Tel.: +34 954 99 61 11 Fax: +34 955 65 82 39 andalucia@aproser.es

La seguridad privada en Andalucía se une contra las malas prácticas del intrusismo


La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), celebró el pasado 7 de abril en el hotel Alfonso XIII, de Sevilla, la presentación oficial de APROSER Andalucía que, bajo el lema: “Una seguridad responsable, un empleo de calidad” se hizo un análisis sobre la situación de la seguridad privada en esa comunidad, incidiendo en la buena imagen del sector y se denunció la aparición de firmas que no cumplen con la normativa y ofrecen sus servicios con precios que están por debajo de los costes reales del sector.



En la jornada de apertura participaron el presidente de APROSER y el de APROSER Andalucía junto al director de seguridad de Canal Sur y el secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). El presidente de APROSER, en las palabras que pronunció, destacó que “el proyecto de APROSER Andalucía, que ha ido creciendo y consolidándose en los últimos dos años, representa una apuesta de nuestra asociación por la Comunidad Autónoma más importante de España. Atravesamos momentos muy difíciles. La situación económica de nuestro país, con niveles todavía negativos de la demanda interna que sustenta nuestros servicios, permite aventurar que nuestro sector todavía va a tener unos años muy complicados. Ojalá erremos en este pronóstico”.


Análisis económico


Según un estudio económico realizado por nuestra Asociación –continuó–, el área de vigilancia, que supone el 65% de los ingresos totales del sector, facturó un 4,26% menos en 2009, mientras que la de transporte de fondos se redujo un 5,8% y la de sistemas y alarmas un 8%. “En esta situación, y más que nunca, es esencial que todos los agentes del sector, empresas, trabajadores, usuarios y administraciones públicas, asumamos que no pueden admitirse bajo ningún concepto las prácticas de intrusismo y de competencia desleal”, añadió el presidente de APROSER, que no dudó en solicitar ayuda, en esta labor, a las autoridades públicas y a los usuarios que contratan estos servicios. Las empresas del sector denunciaron la aparición –especialmente en los dos últimos años coincidiendo con la crisis–, de firmas que no cumplen con la normativa vigente y ofrecen sus servicios con precios que están por debajo de los costes reales del sector. Por ello, hicieron un llamamiento a las autoridades asistentes para luchar contra esas prácticas, aunque destacaron la labor modélica de la Junta de Andalucía en ese aspecto.


Situación de la seguridad privada andaluza


Miguel Sánchez, presidente de APROSER Andalucía, dijo que “la Asociación decidió crear APROSER Andalucía para establecer un diálogo más cercano con sus administraciones públicas”, añadió, al mismo tiempo que señaló el incremento de la asunción y transferencia de competencias a las comunidades autónomas. Recordó los “excelentes niveles de formación, los mejores de toda la UE”, que tienen los trabajadores del sector, donde la media de edad de los vigilantes es de 39 años y en el que las mujeres suponen el 15% y los hombres un 86%. En ese sentido resaltó el incremento del peso de las mujeres, que en los últimos años han pasado de un 10 a un 15% del total de trabajadores.


En España, el sector cuenta con unos 89.500 vigilantes de seguridad en activo –añadió– de los más de 183.000 habilitados por el Ministerio del Interior. Cerca del 14% de los servicios de seguridad se prestan en Andalucía, dando empleo a más de 11.500 vigilantes, de los cuales hasta 8.970 trabajan en las empresas asociadas a APROSER Andalucía, lo que equivale al 78% del sector de seguridad privada en esta comunidad.
Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor número de empresas registradas, con un total de 189 compañías de seguridad, antecedida por Madrid (con 321) y seguida por Cataluña (con 180). El año pasado facturó un total de 560 millones de euros, lo que supone un 13,66% del volumen total del negocio.


El presidente de APROSER Andalucía continuó con el análisis sobre la situación de la seguridad privada en esa comunidad autónoma, incidió en la buena imagen que la sociedad tiene del sector y añadió: “la evolución de la opinión de la sociedad andaluza sobre las empresas de seguridad ha mejorado en los últimos años. Según un estudio de opinión, hasta el 53,7% cree que han mejorado”.


Aportan seguridad


La opinión de los andaluces sobre los principales temas que conciernen a la seguridad del ciudadano es similar a la del resto de los españoles: les gustaría que se incrementase la presencia de vigilantes de seguridad en calles comerciales, centros educativos y parques, seguidos de otros lugares como supermercados, bancos y hospitales. Del estudio sociológico se puede deducir también que un 71,1% de andaluces se sienten más seguros en los lugares en los que hay vigilantes de seguridad. Entre los aspectos más valorados de los vigilantes en Andalucía se encuentran su profesionalidad, amabilidad, formación y cercanía al ciudadano. Además, los encuestados manifestaron su deseo de que los vigilantes puedan intervenir inmovilizando a los agresores (96,6%), vigilando las calles para disuadir a posibles malhechores (95,8%), que puedan retener a presuntos delincuentes hasta la llegada de la Policía (95,3%) y pedir documentación a sospechosos (75%). Además un 59,2% de los encuestados ve insuficientes las medidas de protección a los vigilantes frente a posibles agresiones. En su intervención, el director de seguridad de Canal Sur –que habló en representación de los clientes al ser su entidad un cliente público–, se refirió a su incorporación al mundo de la seguridad y a su propia trayectoria en el sector y destacó los grandes avances que ha habido en los últimos años en la profesionalización del sector y los cambios que estaban produciéndose. Incidió en la necesidad de que las empresas que contratan seguridad elijan adecuadamente en razón a la profesionalidad y seriedad así como insistió en la necesidad de la calidad de los servicios.


Cerró esta serie de intervenciones el secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que destacó la incorporación de APROSER a la CEA y expresó su esperanza de que este acuerdo sea fructífero “desde que APROSER se incorporó a la CEA –resaltó–, estamos manteniendo una cooperación constante en aquellos temas de interés común”.
Sobre la necesidad de seguridad para las empresas afirmó que esta es necesaria para el mejor desarrollo de la actividad económica, sobre todo en un momento como el actual en el que nos encontramos en un contexto de crisis económica generalizada en el que la actividad del sector de la seguridad privada, como ha ocurrido con otros sectores, se ha visto afectada. “El objetivo es plantear soluciones para hacer frente al futuro con esperanza e ilusión. Los empresarios andaluces vamos a invocar el importante papel que debe tener la empresa para salir de la crisis actual –añadió–”.


Por eso –continuó el secretario general de la CEA– “es el momento en el que las empresas deben reforzar sus posiciones y sus estrategias de futuro, y, también, de reafirmar nuestra confianza en el asociacionismo empresarial, en la colaboración entre empresas y sectores, donde el diálogo y la negociación es la mejor forma de superar esta situación”.

 


Clausura


El acto de clausura corrió a cargo del delegado del Gobierno en Andalucía, Luis García Garrido a quien acompañaba el director general de Interior, Emergencias y Protección Civil, José Antonio Saavedra Moreno. El delegado del Gobierno en Andalucía abogó durante la clausura porque las compañías privadas de seguridad profundicen en la profesionalización y en la formación de los miembros de este colectivo, de manera que “ofrezcan unos servicios de mayor calidad, se conviertan en un sector más competitivo y generador de riqueza y, además de satisfacer a sus clientes, actúen como complemento de la seguridad pública”, a través de una colaboración cada vez mayor con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


García Garrido insistió en la necesidad de constante actualización que tiene este gremio, al tiempo que valoró su actitud de permanente colaboración y cooperación en relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


En esta línea, el delegado del Gobierno en Andalucía destacó “la importante labor que diariamente desarrollan en la comunidad autónoma andaluza los profesionales de la seguridad privada en la protección de personas, empresas o bienes”. Garrido reafirmó la apuesta del Estado por la seguridad pública y detalló los esfuerzos realizados en materia de recursos humanos, en los últimos años, junto a la cada vez mayor cualificación de los efectivos de Guardia Civil y Policía, hasta el punto que ambos efectivos suman, en la comunidad autónoma actualmente, más de 28.000 efectivos.
Por su parte, Saavedra Moreno en su intervención también destacó la importancia de la seguridad en la sociedad y el papel que juegan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el complemento de la seguridad privada.




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Presentación de APROSER en la Comunidad Valenciana.

La seguridad privada analiza el futuro del sector para reforzar su eficacia.

Bajo el lema “Comprometidos con la seguridad de futuro”, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Seguridad (APROSER) presentó en Valencia, el pasado 13 de noviembre y de manera oficial, APROSER Comunidad Valenciana, en un acto que tuvo como eje central la celebración de una mesa redonda en la que autoridades autonómicas, responsables de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y directivos de la asociación analizaron los retos del sector para los próximos años.

En la mesa redonda participaron la directora general de Seguridad y Protección Ciudadana de la Generalitat Valenciana, Sonia Vega Cueje; el teniente coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Valencia, Ángel Julio Cabello Baeza; el comisario de Seguridad Ciudadana José Moreno; el director de Seguridad de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Vicente Perales; el presidente de APROSER, Carlos Bañuelos Fernández; el coordinador del Grupo de Trabajo de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Seguridad en la Comunidad Valenciana, Fernando Lucas Pinillos, y el secretario general de la asociación, Eduardo Cobas, en calidad de moderador de un acto que contó con la atención de más de doscientos asistentes, entre los que se encontraban el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía de la Comunidad Valenciana, Antonio Moreno Piquer, y el parlamentario y miembro de la Mesa del Congreso de los Diputados Ignacio Gil Lázaro.

Abrió el turno de intervenciones el presidente de APROSER, Carlos Bañuelos, quien destacó el hecho de que la Comunidad Valenciana se haya configurado como el cuarto mercado de España en el volumen de negocio de la Seguridad Privada con cerca de 7.000 vigilantes que desempeñan diariamente su servicio. Bañuelos recordó que APROSER Comunidad Valenciana surge en un contexto de crisis económica de dimensiones desconocidas que afecta a todos los ámbitos de la economía así como a nuestro sector.

Adaptación del marco normativo

Pero, el contexto de crisis exige igualmente una adaptación de nuestro marco normativo que, “de acuerdo con el contenido de los programas electorales y de los compromisos alcanzados unánimemente en sede parlamentaria, la ley de Seguridad Privada va a modificarse en los próximos meses”. En este sentido, el presidente de APROSER se refirió a cuestiones pendientes como la incorporación al sector de los nacionales no comunitarios. “De acuerdo con la opinión unánime manifestada en el Congreso de los Diputados, es preciso reducir la burocracia del proceso de habilitación”, insistió Bañuelos, quien, a modo de reflexión, advirtió que “cuando ciudadanos en desempleo deben esperar más de cinco meses para incorporarse a un sector que ofrece un 85 por ciento de contratos indefinidos es que hay algo que falla en el sistema”. Como conclusión, Bañuelos calificó de esencial el papel de las Administraciones Públicas en el desarrollo del sector. “Porque la eficacia en la utilización de los recursos públicos no puede conducir a que los presupuestos de los contratos públicos sea insuficiente para que las empresas cumplan con las obligaciones derivadas del convenio colectivo, las obligaciones tributarias o el pago de la Seguridad Social”.

Excelencia en la calidad

A continuación intervino Fernando Lucas Pinillos, coordinador del Grupo de Trabajo de APROSER en la Comunidad Valenciana, para marcar como reto de la asociación la excelencia en la calidad. “Este es el nuevo paso en el que vamos a trabajar a conciencia, creando el contexto correcto en perfecta armonización con los otros actores, como son las autoridades, la Administración, las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, los sindicatos y los diferentes segmentos de mercado con sus soluciones de seguridad especializadas”, señaló Fernando Lucas. “Ello hará, sin duda”, añadió, “que conjuntamente con valores como la creación y retención del talento, la gestión del conocimiento y la búsqueda proporcionada del equilibrio económico, tengamos unos magníficos servicios profesionales de seguridad privada en España y por inclusión en nuestra Comunidad Valenciana”.

Por su parte, la directora general de Seguridad y Protección Ciudadana de la Generalitat Valenciana, Sonia Vega, se refirió también a las necesidades de regulación y avances en el sector, en la línea señalada previamente por el presidente de APROSER, Fernando Lucas, “por la peculiaridad de la actividad de las empresas de seguridad, una materia especialmente sensible y complementaria, que conviene no olvidar porque garantiza uno de los pilares de las sociedades occidentales como es el de salvaguardar la propiedad privada”.

Adaptación a los tiempos

La directora general de Seguridad y Protección Ciudadana recordó como todos los vigilantes que realizan funciones de seguridad privada, “en el fondo lo que desarrollan es una función pública”. Por tanto, añadió, “ha llegado la hora de transmitir la necesidad de modificar las normativas y adaptarlas a los tiempos actuales de modo que se puedan regular más exhaustivamente los campos de actuación de la seguridad privada”. Sonia Vega animó a los directivos de APROSER a “profundizar en la profesionalización como forma de alcanzar la excelencia en la calidad del servicio” a la que previamente se había referido el responsable del Grupo de Trabajo de la asociación en la Comunidad Valenciana. Concluyó con una felicitación a los responsables de las empresas de seguridad por la iniciativa de presentar su asociación en Valencia y les ofreció la posibilidad de colaborar con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado en la Plataforma Tecnológica del 112 y en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, que forma al personal de Seguridad y que transmite conocimientos a través de convenios de colaboración también con entidades privadas.

En representación del Cuerpo Nacional de Policía de Valencia tomó la palabra el comisario de Seguridad Ciudadana José Moreno Seguí para recordar la evolución del sector de la seguridad privada desde mediados de los años ochenta hasta hoy. A su juicio, la profesionalización de los vigilantes ha adquirido un nivel considerable paralelo al incremento de la colaboración que se ha producido en los últimos años entre seguridad privada y el resto de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.

Reducción de las falsas alarmas

El teniente coronel Ángel Cabello Baeza, en representación de la Comandancia de la Guardia Civil de la 6ª Zona (Comunidad Valenciana), subrayó que uno de los ejes de la política de Seguridad trazado por los altos mandos del instituto armado se apoya precisamente en el control y la cooperación con el sector de la seguridad privada. En el Plan Estratégico de Seguridad 2005-2006, recordó el teniente coronel Cabello, “ya se definieron las líneas generales de la política a seguir por la Guardia Civil a la hora de conformar espacios de actuación concertada entre el cuerpo y las compañías de seguridad que resultaron plenamente válidos para la estrategia general de seguridad estatal. Prueba de esta colaboración”, añadió, “es el Plan de Seguridad de Puntos Sensibles que está pilotando la Dirección General de la Guardia Civil, bajo la dirección de la Secretaría de Estado de Seguridad, en el que se contempla la colaboración con efectivos de seguridad privada”. También se refirió a la necesidad de establecer mecanismos que permitan reducir drásticamente el elevado número de falsas alarmas que se producen en esta comunidad y por añadidura el costo de las intervenciones fallidas que generan.

Cerró el turno de intervenciones el responsable de Seguridad de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Vicente Perales, que habló, además, en representación de la Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios (CEUSS). Para Vicente Perales, APROSER y CEUSS comparten ciertas inquietudes, como son la preparación y la profesionalización de los vigilantes mediante una formación académica reglada y bajo una supervisión constante de los programas de capacitación y actuación de la profesión. “Todas estas inquietudes merecen un estudio reposado por las autoridades competentes, sopesando los pros y los contras y pensando en el fin último de prestar un mejor servicio al ciudadano”, sugirió el director de Seguridad de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Antes de proceder a la clausura del acto, el secretario General de APROSER, Eduardo Cobas, agradeció a las autoridades públicas, medios de comunicación, asistentes y representantes de la Asociación la presencia en un acto en el que se han producido intercambios de opiniones muy cualificadas entre los diferentes agentes que conforman el sector de la seguridad.

La clausura, que estuvo presidida por el conseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano, contó además con la presencia del subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez Martínez, quien reconoció la importancia de propiciar la implicación del sector de la seguridad privada en las tareas propias de la prevención de la delincuencia, procurando su colaboración dentro del marco legal establecido, en los planes que se diseñen en ese campo.

En ese sentido, Luis Felipe Martínez se refirió a la ley orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que impone como principio rector de la actuación de las mismas el principio de cooperación recíproca, implicando en esa tarea de prestación de la seguridad a las empresas y personal de seguridad privada, exigiendo la obligación de auxilio y colaboración en todo momento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Esta ley establece que son funciones competenciales del Cuerpo Nacional de Policía el control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, de su personal, medios y actuaciones. Pero también la Ley, en el marco de las actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad, recoge que los empleados de empresas de vigilancia y seguridad deberán colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto del interior de los locales o establecimientos en que prestaren servicio. “Estoy convencido”, concluyó el subdelegado del Gobierno, “de que, juntos, en colaboración, conseguiremos los objetivos propuestos, porque contamos con el mejor de los recursos y la mejor disposición: la preparación, profesionalidad y capacidad de los hombres y mujeres que formáis parte de este sector”.

Serafín Castellano: “La coordinación y la comunicación fluida deben regir las relaciones entre seguridad privada y administraciones públicas”

Clausuró el acto el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, quien destacó la labor de la seguridad privada como complemento a los Cuerpos de seguridad públicos. El conseller subrayó que “la seguridad privada conforma un importante eslabón en la cadena de seguridad y es por ello que la colaboración, la coordinación y la comunicación fluida y eficaz deben regir las relaciones entre la seguridad privada y todas las administraciones públicas con el objetivo de aunar esfuerzos y maximizar los resultados que garanticen el bienestar de los ciudadanos”.

Castellano instó al Gobierno a que se sensibilice ante la problemática actual de los profesionales de la seguridad privada y proceda a reformar la Ley 23/1992 de Seguridad Privada para dar respuesta a las necesidades actuales del sector. Para Serafín Castellano, “el problema de la inseguridad ciudadana supone una de las principales preocupaciones de los valencianos, lo que lleva aparejado un aumento de la demanda de los servicios de la seguridad privados, una labor que debe ser complementaria y subordinada a los de la seguridad pública”.

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Presentación oficial de APROSER Galicia.

“Galicia contribuye de forma muy importante a la realidad de la seguridad privada española”


La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) celebró el pasado 22 de junio, en A Coruña, la presentación oficial de APROSER Galicia, una delegación que supone el compromiso de descentralización de la asociación para promover una relación institucional autónoma y desarrollar una relación directa con los ciudadanos gallegos. En el acto se puso de manifiesto el papel que desempeña Galicia en el sector de la seguridad privada en el que representa, aproximadamente, un 14% del volumen total del sector en España.



La apertura de la Jornada fue presidida por el presidente de APROSER, Carlos Blanco y el representante de APROSER Galicia, José Santos. En ella también participaron Julio Antonio Flores Pérez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de A Coruña, Jorge González Veiga, teniente coronel jefe de operaciones de la Comandancia de A Coruña, José Carreira Fernández, jefe de la Unidad Provincial de Seguridad Privada de A Coruña y Andrés Martín Ludeña, director de seguridad de Novacaixagalicia.


El encargado de coordinar la mesa redonda que se celebró al principio del acto fue Eduardo Cobas, secretario general de APROSER, que señaló: “es un orgullo para mí poder presentar, en esta comunidad autónoma, a nuestra Asociación, que ha cumplido ya treinta años desde su creación”.
La siguiente intervención corrió a cargo del presidente de APROSER, Carlos Blanco, en la que era su primera aparición tras su reciente nombramiento: “es para mí un especial placer pronunciar unas palabras de apertura en la presentación de APROSER Galicia, en esta magnífica sede de Novacaixagalicia, que ha tenido la amabilidad de cedernos el día de hoy”. “Muchas gracias, Andrés Martín Ludeña por tu siempre desinteresada contribución en todos aquellos proyectos acometidos por las diversas asociaciones, que tratan de contribuir a la mejora del sector y de la economía gallega. Creo que estás impulsando una nueva manera de entender la seguridad que, sin duda, marcará un antes y un después en este querido sector nuestro”, manifestó Carlos Blanco.


“El proyecto de APROSER Galicia representa una apuesta por esta tierra. Nos encontramos en una comunidad en la que aproximadamente 5.000 personas prestan sus servicios en el sector; es la sexta comunidad autónoma de España por facturación, con cerca de 150 millones de euros de volumen de mercado. Una región que contribuye de forma muy importante a la realidad de la seguridad privada española. Las empresas que conforman APROSER suponen el 75% del total de los servicios de seguridad que operan en Galicia”.


“El sector de la seguridad privada tiene futuro. El 75% de los ciudadanos gallegos tiene una opinión positiva o muy positiva sobre los vigilantes de seguridad. Estos están plenamente integrados en la sociedad gallega, que entiende que les puede pedir ayuda”, añadió Carlos Blanco.


Profesionalidad al servicio de la sociedad


El representante de APROSER Galicia, José Santos, que intervino a continuación, hizo especial hincapié en la profesionalidad de los vigilantes de seguridad al servicio de la sociedad gallega y de la magnitud del sector en esa comunidad: “la constitución de APROSER Galicia nos facilitará acercarnos a la problemática local, a sus retos. Para mí supone una gran responsabilidad asumir este cargo en mi tierra y espero estar a la altura de las expectativas”.


“Después de muchos años de crecimiento, en 2009 fue el primer año en el que sufrimos una bajada del sector, –explicó José Santos–, acumulando en el binomio 2009 y 2010 tasas del 8,5% de caída, siguiendo un descenso similar a los ritmos de la economía del país. Por tanto, el crecimiento del país nos repercutirá directamente”.


Por otra parte –dijo–, “APROSER ha encargado a la empresa Análisis e Investigación el “II Estudio Sociológico del sector” y en él se puede observar cómo prácticamente las tres cuartas partes de los ciudadanos gallegos tienen una visión positiva de los vigilantes de seguridad que actúan en Galicia, existiendo un porcentaje muy análogo con el resto del país”, añadió Santos. “El 72,6% de los gallegos manifiestan tener una opinión buena o muy buena acerca de los vigilantes de seguridad. En cuanto al papel que desempeñan los vigilantes de seguridad, el 68,9% de los encuestados opina que se trata de un servicio necesario para la sociedad, mientras que un 65,3% considera que son unos profesionales a los que se les puede pedir ayuda así como un 64,5% matiza que los vigilantes de seguridad contribuyen a aumentar la seguridad ciudadana en general. Además, un 59% de los encuestados opina que constituyen una ayuda para la sociedad y el 55% sostiene que sus servicios son una garantía para la seguridad de los ciudadanos”, concluyó.


Jorge González Veiga, teniente coronel jefe de Operaciones de la Comandancia de A Coruña, habló sobre el programa COOPERA: “es un programa novedoso que trata de conseguir una comunicación entre la Guardia Civil y la seguridad privada. Empezó en 2006 cuando la Guardia Civil se da cuenta del potencial que puede suponer toda la información de la seguridad privada. Lo que buscamos es aprovechar las oportunidades que nos brinda este sector y potenciar el apoyo operativo”.


La contratación de servicios de seguridad


Por su parte, Julio Antonio Flores Pérez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de A Coruña, destacó en sus palabras que: “voy a transmitir las líneas maestras que, en mi opinión, deberían marcar la actuación de las autoridades públicas en la contratación de los servicios de seguridad. Todos somos conscientes de que vivimos momentos de especial dificultad, la austeridad es una obligación marcada por la coyuntura que hace que no nos fijemos en lo superfluo y sí en lo esencial, y la seguridad ciudadana es una de nuestras prioridades en este sentido”.


“En sociedades avanzadas como la nuestra, se nos exige a los responsables de gestionar los recursos públicos que garanticemos la seguridad de los ciudadanos. Es nuestro deber como gestores públicos garantizar la seguridad. ¿Cómo resolver esta difícil ecuación cuyo resultado pasa por hacer más con menos? La respuesta pasa por actuar con absoluta rigurosidad a la hora de elaborar los pliegos de condiciones, buscando soluciones innovadoras.


“El intrusismo no beneficia a la sociedad”


“Creo que es responsabilidad de las administraciones públicas garantizar que los trabajadores que prestan sus servicios reciban el salario que legalmente les corresponda, más allá de su contratación por terceros. Y aún más, no parece razonable adjudicar contratos por recibir una oferta competitiva en precio si esa competitividad se logra en base a que la empresa adjudicataria no abone salarios, no pague la seguridad social o no haga frente a sus obligaciones tributarias. No parece que este tipo de comportamientos sea beneficioso para la sociedad y al final no supone ningún ahorro para el contribuyente. Todas estas exigencias deben contemplarse en los pliegos de contratación y deben poder asegurarse durante el proceso de contratación de los servicios”, aseguró Julio Antonio Flores Pérez.



Mesa de clausura


La Mesa de Clausura estuvo presidida por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, José Manuel Pose, a quienes acompañaban Belén do Campo, delegada territorial en A Coruña, Carlos Blanco, presidente de APROSER , Francisco Javier Gudiña, comisario jefe de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial en Galicia, Benito González, coronel jefe de la Comandancia de A Coruña y Andrés Martín Ludeña.


El director de seguridad de Novacaixagalicia, Andrés Martín Ludeña, intervino en representación del director general ejecutivo, Javier García de Paredes –que no pudo asistir a la presentación–, dijo en su nombre: “como representante de Novacaixagalicia y ante una audiencia tan significada, debo manifestar que es siempre un motivo de orgullo y casi un privilegio poder prestar nuestra colaboración para iniciativas tan necesarias como esta. Sinceramente les diré que nos sentimos muy próximos a sus objetivos y ambiciones y también a las herramientas y estrategias que a lo largo de esta jornada se han presentado.


Creemos firmemente en la necesidad de promover la profesionalización y la eficiencia en todas las capas de nuestro tejido productivo, pero con mayor urgencia, si cabe, en sectores críticos para el bienestar social como es el de la seguridad privada”. “Quiero felicitar a APROSER que representa cerca del 80% del sector de la seguridad privada en España, por constituir en Galicia una delegación.


Además de una importancia crucial, este sector tiene un gran potencial empresarial. Así que, felicidades también a las empresas en nuestra comunidad por el excelente nivel acreditado en los numerosos servicios de seguridad, por potenciar el empleo de calidad y por confiar, como nosotros confiamos, en la especialización y en la formación como garantías de éxito”, concluyó. Por su parte, la delegada territorial en A Coruña, Belén do Campo manifestó: “hace solo unos días tomé posesión de mi cargo y uno de mis primeros actos públicos corresponde con esta nueva andadura de APROSER Galicia. Una dilatada experiencia de la que evidentemente se beneficiará APROSER Galicia. Es un honor para mí estar hoy aquí porque en Galicia el sector de servicios de seguridad privada ocupa casi a 5.000 personas en labores de vigilancia y unas 1.200 en instalación y mantenimiento de sistemas de alarma y video vigilancia. El personal de Galicia de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado suponen un total de 11.000 efectivos; los 4.834 profesionales privados destacados en labores de vigilancia representan un 44% de toda la seguridad, por tanto le damos una gran importancia”.



“El surgimiento de nuevos servicios en centros comerciales, infraestructuras, transporte, etc. han sido clave en estos dos últimos años para lo que es el desarrollo de este sector, y con ello amortiguar los efectos de la crisis que desgraciadamente pasamos y padecemos. Así proliferó la demanda de vigilantes de seguridad en Galicia, experimentando un crecimiento en estos últimos años cercano al 7%”, añadió la delegada.


“En la actualidad operan en Galicia 88 empresas de seguridad privada, en concreto en A Coruña 42, en Lugo 6, en Orense 10 y en Pontevedra 30, un 20 por ciento más que hace dos años. Si el marco de comparación es con el conjunto del Estado, el sector de servicios de seguridad privada aún tiene mucho margen para crecer hasta equipararse al de los principales países de la UE. Y si no me equivoco, nuestro ratio de fuerza de seguridad privada por habitante está entre las más bajas de Europa. Un dato recientemente publicado nos indica que de los seis grandes países de la UE, solo Italia tiene menos empresas de seguridad privada y menos vigilantes. Estos datos pueden demostrar una realidad, pero como toda realidad, las matizaciones a la misma también son importantes y desde la Xunta de Galicia somos conscientes de ello”, expresó Belén do Campo.


“Es verdad que la crisis económica ha golpeado este sector con el agravante del intrusismo por parte de empresas que no están habilitadas, especialmente en la instalación de sistemas con la consiguiente caída de precios. Sin hablar del aplazamiento de pagos que se está produciendo, como en muchos otros sectores. Problemas a los que estamos atentos desde la Xunta de Galicia. Nos consta que, desde sus inicios, APROSER ha mantenido una línea constante de defensa de la profesionalidad del sector y no me cabe duda de que APROSER Galicia no cesará también en este empeño”, afirmó. “La Xunta de Galicia es usuaria destacada de los servicios realizados por las empresas de seguridad privada. La seguridad es un elemento integrador entre las fuerzas públicas y las empresas de seguridad privada. En numerosas ocasiones los bomberos y otros sectores se ven beneficiados por esta colaboración”, añadió la delegada territorial.



Clausura


José Manuel Pose, subdelegado del Gobierno en A Coruña, que clausuró el acto, dijo: “quiero felicitar a APROSER por esta presentación y todo lo que viene haciendo. También lo quiero hacer a las compañías que están trabajando en la seguridad privada por su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta relación es muy intensa. Como subdelegado del Gobierno estoy enormemente agradecido de esta colaboración”.


José Manuel Pose también hizo una mención especial al tema de la competencia desleal: “tenemos que tomar cartas en el asunto con la competencia desleal y vamos a tomar medidas sin que nos tiemble la mano. Los delincuentes cada vez saben nuevas formas de delinquir y tenemos que ir por delante de ellos. La sociedad debe saber que cuenta con la Policía y la Guardia Civil para todo lo que necesite”.




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Grupos de Trabajo

APROSER ha celebrado diversas reuniones en Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Asturias, Cantabria, La Rioja, Galicia, Extremadura, País Vasco y Castilla y León.

APROSER está representada en las Comisiones Mixtas Provinciales de 30 provincias.

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